El 24 de agosto de 2024, se publicó la Ley N° 21.690, que representa una actualización importante en la ley de inclusión laboral en Chile. Esta nueva normativa ya ha comenzado a implementarse en gran medida. Busca ampliar y fortalecer las oportunidades laborales para personas con discapacidad y aquellas que reciben pensiones de invalidez. A continuación, se detalla y explica cada uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley. Pondremos especial énfasis en aquellos que impactan en el sector privado.
La Ley N° 21.015 fue promulgada en 2017. En ella, las empresas con 100 o más trabajadores debían contratar al menos a un 1% de personas con discapacidad. También contaban como tales los beneficiarios de pensión de invalidez. Sin embargo, la nueva ley de inclusión laboral eleva este porcentaje al 2%, duplicando así el mínimo requerido de inclusión.
Este cambio no se aplicará inmediatamente; primero, será necesario alcanzar el 80% de cumplimiento de la cuota del 1% en el país. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia evaluará anualmente el cumplimiento de la actual normativa. Solo cuando se logre este porcentaje de cumplimiento, la cuota obligatoria aumentará oficialmente al 2%. De este modo, la ley busca una implementación gradual. Así, se intentapermitir a las empresas y a los organismos públicos adaptarse progresivamente al nuevo porcentaje.
La nueva ley de inclusión laboral también modifica el régimen de sanciones a través del cual la Dirección del Trabajo fiscaliza el cumplimiento de la cuota de inclusión laboral. Hasta ahora, la Dirección del Trabajo aplicaba una única multa si constataba el incumplimiento de la cuota. Este sistema resultaba poco efectivo para empresas de mayor tamaño. ¿El motivo? El monto de la multa no consideraba el número de personas que debían ser contratadas.
Con la Ley N° 21.690, se establece que las multas se aplicarán mes a mes. El monto dependerá de la cantidad de personas con discapacidad que debieron ser contratadas. Por ejemplo, si una empresa tiene la obligación de contratar a cinco personas y solo ha contratado a tres, recibirá una multa por cada una de las dos plazas no ocupadas en el mes correspondiente. Esta medida se espera que incentive a las empresas a cumplir con la normativa y a evitar sanciones por incumplimiento prolongado.
Para las empresas que no logren cumplir con la cuota establecida y cuenten con motivos válidos para ello, la ley permite un mecanismo de cumplimiento alternativo: la tercerización o la donación del equivalente a 24 sueldos mínimos por cada persona que debería haber sido contratada. Este sistema de donaciones ha sido ajustado con la Ley N° 21.690 para evitar la concentración de fondos en pocas organizaciones y fomentar una distribución más equitativa de los recursos.
De acuerdo con las modificaciones, ninguna empresa podrá donar más del 50% de la suma total a una sola entidad. Deberán seleccionar al menos dos organizaciones beneficiarias, y una de estas debe tener domicilio fuera de la Región Metropolitana. Esta disposición tiene como objetivo incentivar el apoyo a instituciones en regiones que puedan beneficiarse del financiamiento. Así, se busca promover una inclusión laboral más equitativa y descentralizada. Además, la empresa deberá asegurarse de recibir un certificado de donación que indique el domicilio de cada organización beneficiaria.
La nueva ley de inclusión laboral introduce la obligación de implementar un protocolo de ambientes laborales inclusivos. Esto en conformidad con los principios establecidos en la Ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades y derechos de inclusión social. Este protocolo debe ser entregado a todos los trabajadores de la empresa de manera anual.
El protocolo busca asegurar que el entorno laboral sea inclusivo para todas las personas, promoviendo el respeto y la igualdad en el trato. Esto incluye, por ejemplo, medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones de la empresa. También, adaptaciones razonables en el lugar de trabajo y capacitaciones para los empleados sobre la importancia de la inclusión y la no discriminación. La implementación de este protocolo representa un avance en la creación de una cultura empresarial inclusiva, donde las personas con discapacidad se sientan integradas y valoradas.
La nueva ley de inclusión laboral también introduce reformas importantes en el ámbito de la administración pública. Éstas abarcan tanto al Estado como a los municipios y a los cargos de asistente de la educación pública. Uno de los cambios más destacados es la equiparación de requisitos entre la educación media regular y la educación especial para las personas con discapacidad.
A partir de la entrada en vigencia de esta disposición, las personas que completaron sus estudios en escuelas especiales podrán postular a cargos en el sector público que requieren enseñanza media completa. Este cambio elimina una barrera importante que limitaba el acceso de las personas con discapacidad a oportunidades laborales en organismos públicos. Además, la Contraloría General de la República será responsable de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa en el sector público. Y así asegurar que las instituciones gubernamentales cumplan con las disposiciones de la ley.
La ley de inclusión laboral ha entrado en vigor en gran medida desde su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, algunos cambios específicos tendrán fechas de implementación diferidas:
El cambio al 2% solo se aplicará una vez que el informe anual del Ministerio de Desarrollo Social y Familia acredite que el 80% de las empresas y organismos públicos cumplen con la cuota del 1%.
Esta disposición entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025. Esto permitirá que personas con estudios en escuelas especiales puedan postular a cargos en la administración pública.
Las nuevas sanciones entrarán en vigencia el 24 de agosto de 2025. Las infracciones constatadas antes de esta fecha se sancionarán conforme a la normativa vigente en ese momento.
La Ley N° 21.690 representa un avance significativo en la inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile. Al duplicar la cuota de inclusión y establecer un régimen de sanciones más efectivo, la ley busca asegurar que tanto el sector privado como el público asuman un compromiso activo en la creación de oportunidades para todos. Además, la incorporación de un protocolo de ambientes laborales inclusivos y la descentralización en las donaciones favorecen un entorno laboral más accesible y equitativo.
Estos cambios buscan fomentar un mercado laboral inclusivo y respetuoso de la diversidad. donde las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente y desarrollarse profesionalmente. La ley ofrece también una oportunidad para que las empresas fortalezcan su compromiso con la responsabilidad social y se adapten a los valores de igualdad e inclusión que cada vez cobran mayor relevancia en la sociedad actual.